Descentralización

El ámbito municipal ha sido el principal entorno de un proceso de transformaciones políticas que se han experimentado en Nicaragua y en el resto del mundo. Estas transformaciones coincidieron con dos cambios en la organización político-administrativa del país: la adopción del Estatuto de Autonomía para la Costa Atlántica, en 1987, y la restitución de la autonomía municipal en la Constitución Política de ese mismo año, hecha efectiva en las elecciones municipales de 1990.

Estos cambios introdujeron el gobierno multinivel como un nuevo estilo en la forma de gobernar y administrar el país; influyeron en las formas de organización de la población; y crearon nuevas condiciones para la construcción de estrategias de desarrollo en consideración de las potencialidades y las demandas locales.

Para la Red la Descentralización debe considerar los siguientes aspectos:

- La descentralización y la Reforma del Estado son procesos distintos, pero fuertemente vinculados. La descentralización debe fortalecer el papel del Estado en las localidades a través de instituciones y políticas públicas, en aras de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.

- Tanto la Política como la Estrategia de Descentralización deben ser el resultado de un amplio consenso social, que incorpore, de forma transparente, las propuestas surgidas de los diferentes territorios y sectores de la sociedad civil, mediante ejercicios de participación activa y beligerante de todos los sectores sociales, políticos y económicos. La Estrategia de Descentralización debe tener como base un conjunto de principios como la gradualidad, sectorialidad, selectividad y equidad.

- Tanto el proceso como los instrumentos de política pública diseñados para guiarlo deben delimitar claramente los objetivos y resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo, así como las metas e indicadores para una ruta clara de ejecución.

La descentralización, como instrumento para el fortalecimiento de los espacios locales, debe transferir recursos suficientes a los gobiernos municipales y regionales a fin que estén en capacidad de cumplir con las competencias que tienen asignadas.

Finalmente, el ejercicio de la Participación Ciudadana, y  el respeto a la autonomía de las diversas expresiones de sociedad civil, debe fortalecerse en todos los niveles, asimismo la obligatoriedad del Estado para entregar a la ciudadanía información veraz y oportuna.